Durante los últimos 100 días, los primeros del Gobierno del presidente Iván Duque, hemos emprendido una cruzada por la legalización de la propiedad inmobiliaria.

Nuestro compromiso con el fortalecimiento del sistema de protección de la propiedad en Colombia nos lleva a liderar acciones concordantes con las necesidades del país. Nos mueve el interés por garantizar a los colombianos sus derechos sobre bienes constitutivos de su patrimonio.

La apertura de 2301 folios de matrícula inmobiliaria, trasladados del antiguo sistema registral; el apoyo a la formalización de 595 predios, en Antioquia, Córdoba y Meta; y el seguimiento a 96 sentencias, dentro del proceso de restitución de tierras, son algunas de las cifras que soportan nuestro quehacer.

A ellas se suman otras acciones, encaminadas al mejoramiento del sistema público registral y la reactivación del mercado inmobiliario. Éste alcanzó su mayor nivel en los últimos tres meses, con el registro de 122 mil 534 compraventas, la apertura de más de 120 mil folios de matrícula inmobiliaria y la inscripción de 20 mil hipotecas en todo el territorio nacional.

Tenemos la certeza de que el Estado debe avanzar de forma decidida en el establecimiento de un sistema eficaz de organización jurídica de la propiedad, como uno de los caminos expeditos en la reducción del conflicto social.

El acceso a los derechos sobre la tierra redunda en medios de vida sostenibles. Es una verdad de Perogrullo que los países que han invertido en la infraestructura necesaria para la eficiente administración de la tenencia han alcanzado admirables niveles de progreso.

En tal sentido, la legalización de los predios rurales, pertenecientes a campesinos que no tienen sus títulos y por lo tanto no son sujetos de crédito en el sistema financiero, se convierte en uno de nuestros derroteros.

Estamos abriendo paso a aquellos colombianos que viven en el campo, para que formalicen sus terrenos y apalanquen iniciativas productivas rentables. En Boyacá y Casanare, por ejemplo, hemos beneficiado a 562 personas que ya tienen en sus manos el acto administrativo que les reconoce la eventual existencia de derechos reales. Es un medio probatorio, indispensable para iniciar el proceso de declaración de pertenencia.

En Colombia, la desactualización catastral y la falsa tradición son los principales problemas asociados a la tierra. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, 731 municipios tienen desactualizado el catastro urbano y 662, el catastro rural. La situación se complica aún más, cuando entran en escena los 615 mil 800 predios identificados con falsa tradición en su historia jurídica.

Los números, sin duda, son preocupantes. Pero, lejos de promover actitudes alarmistas, nos centramos en la urgencia de avanzar en el acceso equitativo a la tierra, como mecanismo para estimular el crecimiento económico.

El sistema de seguridad jurídica adquiere, entonces, matices muy bien definidos. Los derechos de propiedad y la mano de obra se consolidan como la dupla perfecta para garantizar la producción de alimentos destinados al autoconsumo y el establecimiento de cultivos comerciales como fuente sólida de ingresos.

El panorama es claro. Estamos ante la titánica labor de impulsar el desarrollo económico del país y en ello el rol de la Superintendencia de Notariado y Registro es decisivo.

La Supernotariado, por fortuna, no ha sido inferior a este reto. Con convicción, podemos decir: Vamos por buen camino.

En el más reciente informe de ‘Doing Business – 2019’, proyecto del Banco Mundial, Colombia ocupó el lugar 59 en el tema de registro de la propiedad. Alcanzamos una posición superior a la de Ecuador, Argentina y Brasil, en variables como los procedimientos y el tiempo requerido para registrar propiedades, el costo de los trámites y la calidad del sistema de administración inmobiliaria.

Tal distinción nos indica que hemos hecho un buen trabajo, sin alejarnos del propósito de hacerlo mejor. Ése es nuestro compromiso.

Fuente: La Nación